24/01/2012
Buenos Aires - El vicepresidente en ejercicio del Ejecutivo, Amado Boudou, minimizó este lunes las quejas elevadas desde Brasil por la entrada en vigencia -en febrero- de declaraciones juradas anticipadas para importadoras; una medida que fue leía por industriales del país vecino como una traba a las importaciones.
"Es lógico que aparezcan problemas cuando se está trabajando para incrementar el comercio", digo Boudou en una improvisada rueda de prensa al terminar este mediodía un acto en la localidad bonaerense de Coronel Suárez, y agregó que "son discusiones que se circunscriben a menos del 6% del volúmen total del comercio".
Así, el vicepresidente trató de bajarle el tono a la crítica expresada por el ministro de Industria de Brasil, Fernando Pimentel, quien había afirmado que la relación comercial con Argentina " ha sido un problema permanente ".
El jueves pasado la ministra de Industria, Débora Giorgi, había realizado un intento similar al del vicepresidente al afirmar que la relación comercial con Brasil " no amerita quejas " y que la preocupación de la Unión Industrial Argentina en esta materia era "exagerada".
Pedido de audiencia con Cristina
En tanto, desde la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (la cámara de empresarios industriales más poderosa del país vecino) expresaron su preocupación de que el debut de la declaraciones juradas anticipadas [por las cuales la Aduana conocerá con antelación los bienes que un importador desea ingresar al país] "puedan afectar hasta el 80% de las exportaciones brasileñas" a la Argentina.
En la última semana, el presidente de la FIESP, Paulo Skaf, pidió una audiencia con la presidenta Cristina Fernández para transmitirle la preocupación de su sector y proponer "soluciones amigables". Una de las propuestas brasileñas es utilizar la capacidad ociosa de la industria naval argentina para fabricar barcos que se nacionalicen como brasileños.
Las declaraciones juradas para importadores se suman a la ampliación de licencias no automáticas que realizó el Gobierno en marzo de 2011, por el cual se ampliaba el margen de intervención de las autoridades argentinas para aprobar el ingreso de productos (principalmente proveniente de Brasil) a territorio nacional.
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