31/01/2012
Bolivia - Miles de indígenas de la Amazonia llegaron este lunes a La Paz tras caminar 400 kilómetros en 40 días para exigir al presidente boliviano, Evo Morales, que autorice la construcción de una ruta a través de una reserva natural, que fue prohibida en 2011 bajo presión de otros nativos.
La marcha fue recibida en las ciudades de El Alto y La Paz -a 12 km de distancia una de otra- por vecinos y organizaciones sociales, la mayoría afines al partido de gobierno, solidarios con los indígenas que exigen que Morales anule una ley que prohibe el pasaje de la ruta entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.
Tres meses antes otra marcha -que a diferencia de ésta contó con el apoyo de la oposición y una amplia cobertura de la prensa- arrancó a Morales una ley también aprobada por el Congreso que veta el pasaje de esa carretera por una reserva ecológica de la región del TIPNIS, a la que declaró zona intangible.
La caminata -realizada por miembros de 41 comunidades de diversas etnias amazónicas- que llegó a La Paz en la jornada planteará a Morales la anulación de esa ley, instalando una vigilia en la ciudad, según su principal dirigente Gumercindo Pradel.
Con los pies tumefactos y evidentes signos de cansancio por el esfuerzo, David Ibañez, que caminó en compañía de su esposa y de su pequeño hijo, explicó a la AFP que "la carretera significa el desarrollo para San Ignacio de Moxos (donde) vivimos alejados, igualmente para Bolivia".
Metros más allá una mujer madura, Marina Moreno, originaria de San Ignacio de Moxos, en el corazón de la Amazonia, declara sin perder el paso ligero: "queremos carretera, venimos apoyando la gente del TIPNIS, y queremos que se anule la ley corta", en referencia a la norma que prohibe el pasaje de la ruta por la reserva.
Consultado acerca del eventual daño que una carretera pudiera provocar al reservorio natural, un manifestante que no se identifica pero que enarbola una bandera boliviana, dice: "con el medio ambiente, ahorita no se puede contar porque ese territorio ya está destrozado por los madereros".
Son "los mismos dirigentes de la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, organización que impuso en octubre el veto a la carretera), que metieron empresas, entonces la carretera -sí o sí- tiene que ir por el TIPNIS", añadió desnudando las discrepancias entre organizaciones de la misma región.
Expectante ante la situación, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, propuso en el presidencial palacio Quemado que "los problemas sean resueltos mediante el diálogo" y anticipó que "el gobierno simplemente está haciendo de promotor para acercar a los dos grupos" indígenas confrontados.
Mientras participaba del recibimiento de los manifestantes, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, anunció a periodistas que "la respuesta de la CIDOB para que sean parte de un diálogo en el acercamiento de ambas partes ha sido positiva, va a haber este diálogo en (la ciudad de) Trinidad (noreste) en 20 días".
El gobierno apuesta a que las partes divergentes se pongan de acuerdo entre ellos para zanjar la polémica; no obstante, Dávila anunció que recibirá a los 35 corregidores (autoridad con funciones gubernativas) de 41 comunidades amazónicas en la casa presidencial para discutir su planteamiento.
Mientras, cientos de manifestantes -señaló uno de ellos, Hilario Malure- se fueron a descansar porque "un poco nos ha afectado la altura, tenemos cansancio, hemos venido a pie", admitió.
El tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que iba a atravesar el TIPNIS está paralizado, mientras las etapas I y III de esa ruta se mantienen inalterables.
El tramo objetado de la carretera iba a ser construido por la empresa brasileña OAS con un crédito de 332 millones de dólares, proveniente también de Brasil.
Intentan ingresar a plaza Murillo
Los marchistas, que llegaron hasta las calles aledañas a la plaza portando banderas y wiphalas en mano, lanzaron a la policía piedras, cáscaras de frutas, botellas de plástico y hasta llegaron a forcejear para romper el cerco.
Los indígenas expresaron su molestia contra la policía por impedirles el ingreso al punto marcado con el Kilómetro 0 en la plaza Murillo e increparon a algunos periodistas, acusándoles de que no le dieron cobertura durante las movilizaciones que iniciaron el 20 de diciembre.
El dirigente del CONISUR Gumersindo Pradel denunció discriminación por parte de los efectivos y los dirigentes reafirmaron su demanda de una carretera que atraviese el TIPNIS. “Se tiene que anular la Ley Corta y se tiene que hacer la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari”, señaló uno de ellos.
Columnista:
Fuente:
