El Juez Federal Carlos Olivera Pastor expresó que “muchas veces trabajamos sin la debida protección”.
Asimismo, consideró que los hechos de violencia no deberían tomarse como algo natural.
Recientemente, numerosos medios de alcance nacional y también de alcance provincial se expresaron sobre las constantes agresiones y hechos de violencia que tienen como víctimas a Jueces y Secretarios de Justicia, tanto en Jujuy como en el resto del país.
Algunos señalaron que esto se debe a la profesión misma y otros indicaron una preocupación sobre el ejercicio de las Leyes, cuestionando la protección que deberían tener las personas dedicadas a esta actividad.
Consultado acerca de esta situación, el titular del Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy, Carlos Olivera Pastor, consideró que “además de lo que se reflejó en medios nacionales, la cuestión concreta es que hubo amenazas, y no solo amenazas, sino vías de hecho, sobre todo con lo referido al Secretario Penal del Juzgado Federal. Eso supera la simple amenaza. Lo demás se puede inscribir en el marco de la amenaza, pero lo otro, no”.
En este marco, Olivera Pastor recordó que “se habla tanto de la cabeza que se encontró en la puerta del Juzgado; eso ocurrió y no le dimos demasiada trascendencia en su momento, pero posteriormente, cuando se convocó una reunión en la Cámara de la provincia de Salta, a la cual concurrimos todos los Jueces de la jurisdicción, escuchamos los relatos de uno y otro, de lo que les fue pasando, y caímos en cuenta que estos hechos aislados que le pueden haber pasado a uno y a otro se inscriben en un marco más general. No es solamente que llaman por teléfono a un Juez para decirle cosas, o no hablar; tal vez no son amenazas concretas pero te dejan pensando en quién era o quiénes llamaban a deshoras, por la noche, sin contestar”.
Explicaciones
Luego del hallazgo, continuó Olivera Pastor, “inmediatamente di instrucciones para que se dé participación a la Justicia provincial, porque fue hallada en la vía pública, no dentro del Juzgado. Y también me pregunté qué explicaciones había, y hay algunas que por ahí no terminan de cerrar. En ningún momento dije que esa cabeza podía ser de alguien conocido o concretamente de un caso de ese tipo, y puede ser una cabeza que hayan sacado de cualquier lado, de un cementerio incluso. Y también cabe preguntar porqué aparece acá; es raro que justo aparezca acá, se puede pensar que se aprovechó eso, la existencia de ese elemento, para dejarlo en un lugar y decir “dejamos esto o una bomba”, que puede pasar. Ahora, en lo referido al Secretario Federico Zurueta, surgen versiones como que podría ser una autoagresión: no hay peor cosa que largar a correr versiones que lo único que hacen es ensuciar la cancha o tergiversar un hilo de conducción en una investigación”.
Profesión peligrosa
Consultado sobre si se podría considerar al Derecho como una profesión peligrosa, Olivera Pastor comentó que “anteriormente me preguntaban cómo fue Jujuy antes y cómo es ahora, en función de la experiencia que uno tiene en la Justicia Federal. Trabajo hace casi 24 años, y Jujuy no fue así. El trabajo en la Justicia Federal tiene sus objetivos, tiene su competencia, pero estas cosas no pasaban. Hoy vemos que va en crecimiento no solo el ingreso de droga, a través de mejores medios de transporte, mejores vías de comunicación, e indudablemente una mayor cantidad de personas que entra y sale del país”.
“En el caso de Bolivia, tenemos el tránsito vecinal o de personas que no solamente son vecinos de la frontera, sino que vienen de otras partes de Bolivia a Jujuy u otros puntos del país en un tránsito constante. Y así como viene mucha gente con fines lícitos, buscando trabajo, buscando un mejor pasar, que tal vez no tienen en su lugar de origen, también vienen muchos otros que llegan aprovechando esa facilidad que tienen, de algún modo, para ingresar y desplazarse”.
“Vienen con otros objetivos, que puede ser el contrabando, la trata de personas, sobre la cual se trabaja bastante, y el narcotráfico, que creció enormemente”.
Métodos
En este sentido, Olivera Pastor agregó que “se utilizan muchos medios; obviamente se utiliza mucho a la persona, que es la que lleva la carga. Se utiliza mucho el ingerir las cápsulas para lo cual se preparan previamente en los países de origen. Adiestran a las personas haciéndolas tragar otras cosas, como un pedazo de zanahoria o un pedazo de vela, que tengan el tamaño aproximado a las cápsulas, y no es fácil tragar cápsulas que son grandes: pesan casi 10 gramos cada una. E ingieren alrededor de 100 o 130 cápsulas; el que menos trae tiene 70 u 80. Hablamos de un promedio de un kilo de estupefaciente cada vez que una de estas personas pasa la frontera”, señaló el titular del Juzgado Federal Nº 2.
Transporte
En este mismo marco, Olivera Pastor añadió que, para el transporte de estupefacientes “no olvidemos que ahora también hay transportes de pasajeros que vienen directamente desde Bolivia, que no solamente que tienen su origen en la República sino que vienen de afuera con pasaje completo. Esa gente que puede ingerir la droga tiene apuro de llegar a destino, porque tiene un tiempo físicamente corto para la entrega. Tuvimos un caso en el ramal de una persona que ingresaba del exterior, que entró en un estado de descompostura muy importante, a punto tal que en el hospital de la zona se la derivó a Hospital Pablo Soria y se evaluaba, médicamente, el operarlo con urgencia. Además, ya tuvimos casos de personas a las que se les revientan las cápsulas en su organismo y se mueren rápidamente”.
“Se puede ingresar estupefacientes a través de medios de transporte terrestres, que pueden ser colectivos, camiones o autos particulares, por ejemplo”, sostuvo Olivera Pastor; “hablamos de 10, 20, 30, 50 kilos o más. En el ramal salteño se hizo un operativo donde se secuestraron 1.000 kilos en una traffic, y ni qué hablar de un avión, que puede pasar por cualquier lado y puede traer cientos de kilos de cocaína. Y surge la crítica de “si habían organizaciones en la zona, por qué no se hacen procedimientos”, y no es fácil hacer un procedimiento. Primero, el Juzgado no tiene a cargo la investigación de estos hechos: investiga lo que llega, y una vez que lo hace. Quienes están encargados de la investigación son los órganos preventores, que dependen no de la Justicia sino del Poder Ejecutivo: Policía provincial, Policía Federal, Gendarmería. Hay datos que son reservados y no se darán a conocer porque son datos que se manejan de forma reservada, no se pueden hacer públicos porque podrían afectar investigaciones o trabajo de prevención. También se sabe públicamente que algunos Estados emprendieron acciones contra carteles de droga que comenzaron a desplazarse, como el caso de México o Colombia, y empezaron a operar en otras zonas. Incluso no lo dijo la Justicia sino los órganos de investigación o inteligencia, que así como compran bienes y van asentándose, estas organizaciones cuando entran son como una marea y no solamente compran cosas, sino también personas, en el sentido de funcionarios, magistrados, políticos; colaboran con la política, eso también está dicho públicamente, subvencionan campañas políticas, y hay obviamente una protección, un ida y vuelta”.
“No tenemos la adecuada protección para trabajar”
Sobre si recordaba algún caso particularmente controvertido, surgido en nuestra provincia, que haya ocasionado preocupación por algún magistrado, Juez o investigador, Olivera Pastor expresó que “en concreto, en lo que al ámbito federal se refiere, podemos decir que estamos trabajando muchas veces sin la debida protección, en el sentido que, por razones que son urticantes, por alguna cuestión, no tenemos la adecuada protección para trabajar. Y pasó con este Juzgado, también con el Juzgado Federal Nº 1, cuando, por ejemplo, se cita a personas que por ahí pertenecen a cierto grupo, que tienen poder político, o poder de movilización, y van y hacen barullo, y lío”.
Declaración de Menéndez
“En 2007”, continuó el titular del Juzgado Nº 2, “trajimos a declarar a Menéndez en una causa de derechos humanos, atacaron el Juzgado, y ahí quedó no pasó nada más. Pero rompieron todo, rompieron el portón, entraron por el fondo, rompieron vehículos que estaban en el estacionamiento, trataban de ingresar en este piso porque Menéndez estaba declarando en otro departamento, y había 10 gendarmes y algunos policías federales tratando de impedir que suban por las escaleras. Los ascensores se habían desactivado, había fogatas, le tiraban cosas a personas, hubo bombas de estruendo por todas partes, fue un verdadero ataque. La gente que estaba en el edificio, que incluso no pertenece al ámbito de la Justicia federal pero sí a otros organismos, quedó presa de la marea humana que estaba con toda esa violencia desatada, como si estuviéramos haciendo algo malo; al contrario, estábamos llevando adelante una causa que creemos que es de interés de toda la sociedad”.
“Algunos pudieron salir en medio del gentío y otros estábamos prácticamente prisioneros de toda esa violencia, y no había quién venga a poner control y orden a esto, hasta que la cuestión se diluyó sola. En ese momento había un camión del Servicio Penitenciario con su chofer al cual agredieron, apedrearon el camión, el chofer fue llevado al hospital, y mientras tanto, en un operativo prácticamente “comando”, se lo sacó al imputado por otro lado ya que había terminado de declarar. Estos son hechos de violencia muy graves que ocurren y que parecería que son parte del juego, y no son parte de nada. No es la vía; la violencia ni el ataque son la vía, ni el tratar de que algunas instituciones funcionen bajo la presión del miedo o la violencia. Eso no está bien. ¿Qué tenemos que esperar que pase, qué más tenemos que esperar? ¿Que de la golpiza que recibió el Secretario, la próxima vez aparezca alguno de nosotros con un disparo en la nuca para que alguien preste atención? Y en ese momento también pueden aparecer comentarios del tipo “parece que el Juez andaba en otra cosa”, tergiversando todo, y se resta importancia a lo que debería ser el hilo de investigación: qué pasa acá”.
Quién las cuida
En otro momento de la entrevista surgió el cuestionamiento de quién cuida a las fuerzas de seguridad, magistrados y Jueces, cuando son ellos los atacados y agredidos, sobre lo cual Olivera Pastor manifestó que “esa es la cuestión; quién las cuida. Y además, si se deja que la violencia avance se va entendiendo como que no es tan grave el asunto. Se va perdiendo la advertencia de la importancia de lo que está ocurriendo. Se va entendiendo como que es algo usual que un policía muera, por ejemplo. En lo que va del año, en algo más de un mes, ya hubo seis o siete policías muertos, y muchas veces el mensaje es “era policía”. Es un ser humano, como cualquiera de nosotros, que hace un trabajo como cualquier otro trabajo, y no por eso tenemos que restar importancia a su vida o su seguridad. Se toma como que es parte del oficio y no es así, no es parte del oficio que uno tenga que sufrir presiones o amenazas, como no las tiene que sufrir nadie. Y si alguien lo hace y genera esto, tomemos las cosas con seriedad y que se investigue como corresponde”.