Brasil - El canto desafiante se escucha entre los huelguistas en Bahía. Con las negociaciones paralizadas, los policías atrincherados amenazan con impedir las celebraciones.
Decenas de miles de turistas son esperados para celebrar el Carnaval en Salvador, tercera ciudad de Brasil, corazón de la cultura afro-brasileña y que acoge una de las mayores fiestas callejeras del mundo. Se esperan unos tres millones de participantes en seis días, del 16 al 21 de febrero. Sin embargo, la huelga de policías pone en riesgo los festejos. La embajada estadounidense en Brasil recomendó a sus ciudadanos aplazar los viajes no esenciales a Bahía hasta que no se resuelva la violencia que ha afectado, sobre todo, a Salvador, una de las 12 ciudades que acogerá el Mundial de Fútbol en 2014.
Los uniformados en huelga responsabilizaron al gobernador por la falta de acuerdo tras siete días de huelga, que desataron una ola de unos 115 asesinatos, saqueos y robos que sumió en el caos a Bahía. Muy por el contrario, el gobernador de Bahía, Jaques Wagner, atribuyó el fracaso a la división entre los propios uniformados: algunos agentes estaban dispuestos a aceptar un aumento salarial escalonado pero una minoría exigió el indulto a 12 efectivos con orden de captura.
El gobernador de Bahía dijo que está dispuesto a conceder el aumento pedido, que representa cerca de un 17% más que el salario actual de entre 1.900 y 2.300 reales por mes (de 1.100 a 1.330 dólares), pero de manera progresiva en tres años.
Este miercoles 8 de febrero capturaron a otro líder de la huelga policial en Bahía. El dirigente fue identificado por la prensa como el sargento Elias Alves de Santana, uno de los 12 uniformados con orden de captura. Fue detenido lejos de la sede del Parlamento, donde se atrincheran los huelguistas. El domingo 5 fue arrestado un primer sospechoso, por lo que ahora suman 10 los prófugos. La protesta, considerada ilegal por la Justicia, tiene en vilo al estado de Bahía.
El paro policial refleja el malestar de una corporación históricamente mal pagada y pone en evidencia la necesidad de modernizar esta fuerza, que aún utiliza métodos heredados de la dictadura militar (1964-1985). Estos agentes armados (la PM, a cargo del mantenimiento del orden en Brasil, que se rige como un cuerpo militar pero no depende del Ministerio de Defensa) prometieron "resistir" si son desalojados por la fuerza.
