Al respecto, la ministra (s) de Justicia, Patricia Pérez, confirmó que se enviará un contingente de profesionales multidisciplinarios -antropológos, arquéologos, bioquímicos y sicólogos, entre otros- para contribuir en las labores de reconocimiento de las víctimas. 

Según dijo Pérez, "hemos estado en contacto permanente con el ministro de defensa, quien nos ha comunicado que han fallecido más de 372 personas, y por tanto le espera a los hondureños una ardua misión",  en lo que respecta a la identificación de los fallecidos. 

En esa línea, el jefe del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, señaló que "vamos a ponernos a disposición de la autoridad competente, pero sería arriesgado poner plazo. 

"Nuestro personal de antropología, arqueología, sicológico, entre otros, van a trabajar con las familias en las fichas pre mortem, para hacer una comparación de las personas fallecidas", anunció. 

Bustos explicó que será un total de 14 personas las que enviará Chile para las labores de identificación forense. 

Por su parte, el presidente hondureño dijo que, al ser notificado de la ayuda, que "debo también, aparte de mi agradecimiento, expresar a ustedes que el Presidente Sebastián Piñera, de Chile, me comunicó que ellos tuvieron una tragedia similar el año recién pasado y que tienen todo un cuerpo de forenses expertos en la identificación de cuerpos, el que nos enviará de inmediato", manifestó el mandatario.

Lobo dijo agradecer "las muestras de solidaridad con el pueblo hondureño. Estamos reunidos con el Consejo de Defensa de Unidad Nacional para tomar medidas urgentes y atender esta tragedia que nos enluta a todos los hondureños".
El mandatario, quien afirmó haber recibido también llamadas de "países amigos" como Colombia, Venezuela, Nicaragua o Estados Unidos, que le ofreció apoyo para mejorar el sistema carcelario, dio también un golpe de autoridad y suspendió a todas las autoridades penitenciarias.
En un mensaje a la nación, Lobo se solidarizó con los familiares de las víctimas e informó que giró instrucciones al ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, para realizar una profunda investigación tras lo sucedido.